Hartos de denuncias en Orriols
Las peñas critican "excesos" en la aplicación de la ley antiviolencia
El abogado Ricardo Roselló está llevando los casos R. N. C.
RAFA MARÍN Uno de cada cien aficionados que acude al Ciutat los días de partido tiene una denuncia de la policía al amparo de la ley contra la violencia, el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Más o menos, ése es el cálculo de la Delegación de Peñas, cuya asesoría jurídica dice llevar la defensa de unos 100 expedientes sancionadores abiertos por la Jefatura Superior y el Coordinador de Seguridad del Levante.
Buena parte de las denuncias datan del derbi contra el Valencia del 5 de noviembre de 2011. Aquel día, seguidores granotas fueron multados, según se recoge en las notificaciones, por hacer «gestos provocativos dirigidos a los aficionados visitantes» o proferir insultos tales como «en el campo de Mestalla putas y gitanos» o «salta, salta canguro, a los del Valencia que les den por el culo». Tildados como hechos graves, las multas económicas oscilan entre 3.000 y 60.000 euros más seis meses sin poder entrar a un estadio.
«Lo que sí hay que castigar es la violencia en el fútbol, pero por cantar…», argumenta Ricardo Roselló, abogado de la Delegación, además de miembro de Amuntgranotes, que está encargándose en primera persona del asunto. En su opinión, además de desproporcionadas, estas denuncias son anulables por desviación de poder. «Cuando en Málaga todo el mundo empieza a gritarle a Ballesteros, ¿qué?. O en un Real Madrid-Barcelona… Hay que entender cuál es el contexto social del fútbol», añade Vicente Cosido, el vicepresidente de las peñas.
La Asamblea General de la Delegación aprobó por unanimidad el pasado 30 de enero un acuerdo en el que censuraba la aplicación demasiado estricta de la Ley 19/2007. «Los cánticos en favor de nuestro equipo forman parte de cantos de identidad, como en otro equipos, y por este motivo debería de levantarse expediente sancionador a casi todos los aficionados que concurren en el campo de fútbol en momentos de pasión y de tensión en el juego o en la rivalidad», reza el escrito, remitido, entre otros, al Coordinador de Seguridad del Levante y al presidente y Consejo de administración del club. «La mayor parte de las denuncias tiene su origen en cánticos para animar al equipo y de identidad propia que deberían de juzgarse en el calor y la pasión del momento, del espectáculo del fútbol, y sin ninguna intención de provocar ni de violentar a nadie».
Las peñas granotas están a la espera de un informe de proporcionalidad con el que pretenden confirmar la sospecha de que lo que ocurre en Orriols no es comparable con otros estadios. «En principio nos han dicho que es algo exagerado, porque al Ciutat van entre 9.000 o 10.000 personas», señalan.
A la espera del transcurso de los expedientes, la lluvia de denuncias ya está teniendo consecuencias visibles y notorias en los días de partido. De momento, las peñas han dejado de organizar recibimientos al equipo en los partidos de casa y está por ver si tampoco habrá ´marcha´ a Mestalla. Es más, bastantes aficionados han dejado de acudir al campo. «En un momento económico tan difícil, hay mucho miedo», argumenta Roselló. Y es que, más allá de la sanción en sí, hay que tener en cuenta los gastos y provisiones de fondos que implican estos procedimientos, pese al generoso esfuerzo que él hace en la Delegación ofreciendo cobertura legal.
Documentación y pruebas
La Delegación también ha tramitado certificados que apoyan las alegaciones que se han presentado por parte de los denunciados. En ellos se confirma que hoy en día no existe ninguna peña u organización con el nombre de ´Força Llevant´. Se trata de un punto clave en las denuncias del derbi, ya que en los expedientes sancionadores se vincula a los denunciados «con un grupo de aficionados locales» que se autodenominarían de ese modo y que fueron escoltados camino del estadio.
«Nos encontramos frente a una aplicación dura de la norma y que pretende castigar unos hechos que que en su contexto social se alejan de la realidad de la ley que los ampara», sostiene Roselló. El quid de la cuestión, según se puede leer en prácticamente todas las alegaciones, es que la mayoría de los denunciados «no tenían la intención de provocar ningún acto violento».